La riqueza que genera la potente agricultura intensiva bajo plástico en Almería esconde situaciones como la que describe la sentencia dictada por la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de esa provincia, en la que condena a un año y medio de prisión al empresario de un invernadero de Roquetas de Mar por un delito contra los derechos de los trabajadores: los empleados carecían de contrato, no estaban dados de alta en la Seguridad Social, no disfrutaban de vacaciones o descanso semanal, sin horario definido y con disponibilidad las 24 horas del día, sin poder faltar al trabajo por enfermedad o cuestiones personales bajo la amenaza de poder ser despedidos y con un salario de 40 euros por jornadas de 10 horas.

La sentencia, dictada el pasado 17 de febrero y que es firme al haber obtenido la conformidad del acusado, deriva de la denuncia que presentó en octubre de 2016 ante la Inspección de Trabajo de Almería uno de los diez trabajadores de la empresa Joma Invernaderos SL, todos ellos, salvo uno, indocumentados, nueve procedentes de Marruecos y uno de Burkina Faso. Este último, Saidou Konkisre, afiliado a CCOO, decidió dar el paso cuando se negaron a pagarle los 10 euros por noche que le habían prometido por vigilar las instalaciones del invernadero viviendo en una caseta de madera sin ventanas ni agua, pegada al almacén donde se guardaban los productos fitosanitarios.

Saidou cuenta, en una entrevista con Público, lo que expone la magistrada en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico: que él, tras la jornada laboral realizaba funciones de vigilancia, "por lo que se le facilitó para vivir un cobertizo situado junto a una balsa de riego en la misma finca que carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad y salubridad, sin ventilación, luz natural, cocina, aseos, agua potable, y sin estar evaluados sus riesgos".